Reclaman mayor control y vigilancia por parte de la Administración y la legitimación de las organizaciones para poder demandar situaciones abusivas.

Varios Sectores de la economía, agraria, industrial y comercial, tras analizar el impacto entre sus empresas de la LEY 3/2004 sobre Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, han llegado a la conclusión de que es una norma que no se aplica y que no existe una vigilancia de su cumplimiento por parte de la Administración Central y Autonómica.

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámicas y Materiales de Construcción (Andimac) y la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) han constatado, después de dos años de vigencia de esta norma , que la práctica de aplazamiento de pago y morosidad en los sectores que representan no se ha limitado con la entrada en vigor de la ley.

En este sentido, los sectores mencionados han comprobado como los plazos de pago reales distan mucho de los plazos impuestos por la ley, aplicándose aplazamientos que van desde los 4 5a los 300 días, dependiendo del sector, el producto y la posición del deudor. Asimismo, la ley impone altos intereses para evitar la práctica de la morosidad, que va, según sectores, entre 30 y 200 días, peor las empresas no palican este sistema disuasorio por temor a dañar las relaciones con el cliente, lo que es un sintoma claro de desequilibrio entre el suministrador y el comprador.

La sorganizaciones citadas han detectado también que las clausulas abusivas se mantienen en los contratos proovedor-cliente, ya que no se han constatado la existencia de ninguna sentencia en este ámbito en los dos años de aplicación de la ley, porque las condiciones abusivas se prectican mediante prácticas que son dificiles de identificar.

CCAE, CEPCO, ANDIMAC y la FIAB han estudiado las propuestas para la mejora de esta situación y, en este sentido, creen necesario un sistema específico de control y seguimiento administartivo de la ley por parte de la Adminsitración Central y las autonomicas, y establecer un proceso de coordonación de su aplicación.

Asimismo, para evitar la práctica de clausulas abusivas por parte de lso clientes, se considera necesario sustituir el concepto de clausula por el de "comportamientos abusivos", así como articular un procedimiento para denunciar este comportamiento ante los tribunales por parte de las asociaciones representativas de cada sector afectado, lo qu erequiere la plena legitimación de setas organizaciones para actuar en su caso.