La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo ha adoptado su posición sobre el reglamento contra la morosidad en operaciones comerciales. El proyecto de reglamento tiene como objetivo mejorar la disciplina de pagos de todos los actores (grandes empresas, pymes y administraciones públicas) introduciendo una serie de medidas diseñadas para eliminar ambigüedades y lagunas jurídicas que han limitado la eficacia de la actual Directiva sobre morosidad .
Mejora de la cultura de pago y la libertad de contratación
El proyecto de reglamento introduce una serie de medidas sólidas diseñadas para eliminar ambigüedades y lagunas jurídicas que han limitado la eficacia de la actual Directiva sobre morosidad .
El texto establece un plazo de pago máximo, más estricto que actual, de 30 días tanto en transacciones entre empresas como en contratación pública.
Sin embargo quieren "garantizar que las empresas tengan flexibilidad para negociar condiciones de pago" de hasta 60 días naturales en transacciones entre particulares, siempre que así se acuerde expresamente en el contrato.
Reconociendo que los modelos y prácticas de negocio específicos en el sector minorista a menudo requieren períodos de pago más largos debido a factores como la baja rotación de productos, la estacionalidad o los ciclos únicos de los artículos (por ejemplo, juguetes, joyas, equipos deportivos o libros), los eurodiputados proponen permitir condiciones de pago de hasta 120 días en estos casos. Para mantener la coherencia en las prácticas de pago en todo el mercado único, se espera que la Comisión emita directrices sobre la aplicación de estas normas a las categorías de productos especificadas.
Honorarios de compensación
Para proteger a las empresas, en particular a las PYME, contra los malos pagadores y garantizar la recepción puntual de los pagos para evitar perturbaciones en el flujo de caja, el texto adoptado establece un pago automático de los intereses devengados y de las tasas de compensación por los pagos atrasados. Los eurodiputados acordaron que el deudor deberá entre 50 y 150 euros por cada transacción (dependiendo del valor) para compensar los propios costes de recuperación del acreedor.
Fortalecer los mecanismos de reparación
La propuesta introduce nuevas medidas de ejecución, reparación y sensibilización. También fomenta el uso de herramientas electrónicas para ayudar a acortar los retrasos y la formación en materia de educación financiera para las PYME.
Una vez al año, las autoridades contratantes (por ejemplo, entidades gubernamentales) tendrían que presentar informes accesibles al público sobre sus prácticas de pago a la autoridad nacional de aplicación. También se crearía un Observatorio Europeo de la Morosidad para supervisar, recopilar y compartir datos sobre la morosidad y las posibles prácticas nocivas.
Próximos pasos
El proyecto de informe, aprobado por 33 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, se someterá ahora a votación en el Pleno del 22 al 25 de abril y constituirá la posición del Parlamento en primera lectura. El nuevo Parlamento se ocupará del expediente tras las elecciones europeas del 6 al 9 de junio.
Antecedentes
La morosidad (realizada fuera del plazo acordado o legal) afecta a todos los estados miembros y sectores empresariales, especialmente a las pymes. Una de las principales causas de la morosidad en los pagos es el desequilibrio en el poder de negociación entre un cliente grande o más poderoso (deudor) y un proveedor más pequeño (acreedor), lo que obliga a este último a aceptar condiciones de pago injustas. Conducen a un mayor riesgo de quiebra, incertidumbre en la planificación y presupuestación empresarial y una menor participación en la contratación pública.
La revisión de la Directiva sobre morosidad busca mejorar la disciplina de pago entre todas las partes y proteger a las empresas de los impactos adversos de los retrasos en los pagos. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para impulsar a las PYME de Europa, que representan el 99% de todas las empresas y representan dos tercios de los empleos del sector privado.
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