La Comisión Europea presentó el pasado 9 de septiembre una propuesta de nuevo Reglamento destinado a modernizar y simplificar el marco europeo de contratación pública, con el objetivo de favorecer inversiones más eficaces en servicios públicos e infraestructuras y aprovechar la contratación como una herramienta estratégica para la competitividad europea. La contratación pública representa aproximadamente el 15 % del PIB de la Unión Europea, por lo que la reforma pretende utilizar de forma más eficiente este importante volumen de gasto público. La Comisión estima que la simplificación propuesta podría generar un ahorro administrativo anual de alrededor de 650 millones de euros. (CNA)
Uno de los principales cambios planteados es la sustitución de las tres Directivas europeas actualmente vigentes por un Reglamento único directamente aplicable, junto con la integración de determinadas disposiciones actualmente dispersas en normativa sectorial. La propuesta busca así reducir la fragmentación normativa, simplificar los procedimientos y favorecer una aplicación más homogénea de las reglas en los Estados miembros. Asimismo, se plantea la creación de un mercado digital europeo de contratación pública, mediante la interconexión de las plataformas nacionales de contratación electrónica, facilitando a las empresas la participación en procedimientos de distintos Estados miembros y reduciendo la necesidad de aportar reiteradamente la misma información. (CNA)
Del precio a la mejor relación calidad-precio
Uno de los elementos de mayor relevancia de la reforma es el cambio en los criterios de adjudicación. La propuesta establece como método general la mejor relación calidad-precio (Best Price-Quality Ratio), con un peso mínimo de los criterios de calidad del 30 %, que se elevaría al 50 % en los contratos intensivos en mano de obra, sujeto a determinados mecanismos de justificación. De esta forma, las entidades contratantes deberán considerar, además del precio, aspectos relacionados con la calidad, el medio ambiente, las condiciones sociales, la innovación, la seguridad y la resiliencia, así como determinados elementos vinculados a la preferencia europea. (CNA)
Este cambio ha sido valorado positivamente por la presidencia de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo. Su presidenta, Anna Cavazzini, ha destacado que la reforma responde a la demanda del Parlamento de superar los mecanismos basados exclusivamente en el precio y prestar mayor atención a la calidad de los productos y servicios adquiridos. No obstante, también ha señalado que la propuesta podría avanzar más en la promoción de objetivos medioambientales y sociales. (Parlamento Europeo)
Para el sector de los productos de construcción, esta evolución resulta especialmente relevante. La contratación pública constituye un importante instrumento para introducir criterios vinculados al comportamiento ambiental de los productos, la durabilidad, la eficiencia, la innovación, la calidad y el coste del ciclo de vida, evitando que la decisión de compra se reduzca al precio inicial de adquisición.
Contratación pública, resiliencia y seguridad de suministro
La propuesta incorpora además una dimensión económica y geoestratégica más marcada. La Comisión plantea nuevas herramientas para que los compradores públicos puedan abordar riesgos relacionados con la seguridad, la ciberseguridad, las infraestructuras críticas, la dependencia de terceros países y la seguridad de las cadenas de suministro. También se introduce un marco horizontal de preferencia europea, compatible con las obligaciones internacionales de la Unión, que permitiría establecer determinadas restricciones cuando existan problemas de acceso recíproco a los mercados o cuando resulte necesario reducir dependencias estratégicas.
Este planteamiento coincide con algunas de las conclusiones del estudio sobre los contratos de concesión elaborado para la Comisión Europea en el marco de la revisión de la Directiva 2014/23/UE. El estudio señala que la contratación concesional está especialmente afectada por las cadenas de suministro globalizadas, la financiación a largo plazo y el nuevo contexto de seguridad económica, y considera que la evolución del marco europeo debe prestar mayor atención a la sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad de las cadenas de suministro.
El estudio también subraya que, por la naturaleza a largo plazo de las concesiones y su impacto sobre infraestructuras críticas, la sostenibilidad ambiental debería incorporarse desde la propia fase de diseño de la concesión, junto con otros objetivos estratégicos. Asimismo, considera que la duración de estos contratos no debería determinarse exclusivamente mediante criterios financieros, sino teniendo en cuenta factores como el ciclo de vida de los activos, los objetivos sociales y ambientales y los costes y beneficios socioeconómicos del proyecto.
Una oportunidad para una contratación pública más estratégica
La reforma supone, por tanto, una evolución significativa del modelo europeo de contratación pública. Más allá de la simplificación administrativa y la digitalización, la propuesta pretende reforzar la capacidad de las Administraciones para utilizar su poder de compra en favor de objetivos de competitividad, innovación, sostenibilidad, resiliencia y seguridad económica.
En este contexto, el estudio sobre concesiones apunta igualmente a la necesidad de reforzar la preparación técnica de los contratos y las capacidades de las autoridades contratantes, especialmente en el ámbito local y regional, donde se concentra una parte importante del mercado concesional. También plantea que los criterios sociales y ambientales y los objetivos estratégicos deben quedar adecuadamente integrados desde la fase de planificación y diseño de los contratos.
Para los fabricantes de productos de construcción, esta transformación puede tener implicaciones relevantes, al reforzar el papel de la contratación pública como mecanismo para valorar no solo el coste inicial, sino también la calidad, las prestaciones, la durabilidad, el comportamiento ambiental, la innovación y la seguridad de suministro. Se abre así la posibilidad de avanzar hacia una contratación pública que contribuya de manera más efectiva a los objetivos europeos de descarbonización, circularidad, competitividad industrial y autonomía estratégica.
La propuesta deberá ahora ser examinada y negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor.
Fuentes:
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Normativa y Legislación
