Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

El Real Decreto-ley 7/2026 articula una respuesta de carácter urgente a un contexto geopolítico complejo incorporando medidas que refuerzan dinámicas estructurales ya consolidadas en el marco regulatorio europeo y nacional. Su impacto sobre el sector de materiales de construcción se concentra, principalmente, en los ámbitos de la energía, la rehabilitación, la fiscalidad local y la actividad empresarial.

En el plano energético, la reducción del IVA de carburantes del 21 % al 10 % introduce un alivio inmediato en los costes logísticos. Sin embargo, más allá de este efecto coyuntural, la norma incide en una tendencia de fondo: la consolidación de la eficiencia energética como eje central de competitividad. En línea con las exigencias derivadas de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), el sector deberá intensificar los procesos de modernización tecnológica, optimización de consumos y reducción de emisiones.

En este contexto, el decreto incorpora  un impulso específico a los sistemas de Certificados de Ahorro Energético (CAE), reforzando su papel como mecanismo de mercado para canalizar inversiones en eficiencia energética y monetizar los ahorros generados. Este elemento introduce un cambio cualitativo relevante: la eficiencia deja de ser únicamente una exigencia normativa para convertirse en un activo económico transferible, con capacidad de generar retornos y estructurar nuevos modelos de negocio en torno a la rehabilitación, la mejora de procesos industriales y la optimización energética.

En materia de rehabilitación, el artículo 36 amplía el horizonte temporal de los incentivos fiscales en el IRPF asociados a actuaciones de mejora energética. La prórroga de las deducciones del 20 % y del 40 % hasta 2026, junto con la extensión hasta 2027 de la deducción del 60 % para intervenciones en edificios residenciales, refuerza el marco de estímulo a la renovación del parque edificado. Este esquema contribuye a sostener la demanda en rehabilitación, si bien su efectividad dependerá de factores como la simplificación administrativa, la capacidad de gestión y el acceso a financiación por parte de los hogares.

Por su parte, el artículo 44 introduce una ampliación significativa de los instrumentos fiscales municipales vinculados a la transición energética. La posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 50 % en el IBI y de hasta el 95 % en el ICIO para actuaciones que incorporen soluciones energéticas renovables refuerza el papel de las entidades locales como agentes tractores del cambio. No obstante, este enfoque puede generar un desarrollo desigual en función del grado de implementación por parte de los distintos municipios.

En paralelo, el refuerzo de los instrumentos de apoyo a empresas —a través de líneas de avales, financiación e internacionalización— resulta especialmente relevante en un entorno de elevada incertidumbre en los mercados exteriores, particularmente en Oriente Medio. Para un sector con presencia exportadora en la región, estas medidas contribuyen a mitigar riesgos asociados a la volatilidad de la demanda y a las disrupciones logísticas, al tiempo que subrayan la necesidad de diversificar mercados y reducir dependencias.

Finalmente, las medidas en materia de movilidad y vivienda incorporan elementos adicionales de condicionalidad y estabilidad. En particular, el impulso a los planes de movilidad sostenible en empresas y el fomento de soluciones de bajas emisiones refuerzan la coherencia del paquete normativo con los objetivos de descarbonización, al tiempo que la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler responde a objetivos de protección social, con posibles efectos de moderación en la rotación del mercado residencial.

En conjunto, el Real Decreto-ley combina instrumentos de respuesta inmediata con medidas que consolidan un marco regulatorio cada vez más orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y la activación de mecanismos de mercado asociados a la transición energética.

Desde una perspectiva sectorial, la principal conclusión es clara: la eficiencia energética, la rehabilitación y la fiscalidad verde dejan de ser vectores complementarios para configurarse como el núcleo del nuevo entorno competitivo. La incorporación de instrumentos como los CAE anticipa, además, un escenario en el que los ahorros energéticos serán gestionados como activos económicos, con impacto directo en la cadena de valor del sector.

Fuente: CNC y Elaboración propia