LEY 1/2026, de 5 de febrero, del clima de Galicia

Esta Ley establece el marco jurídico autonómico para la mitigación y adaptación al cambio climático en Galicia. La norma fija objetivos climáticos ambiciosos y articula instrumentos de planificación, gobernanza y financiación que inciden de manera directa en la actividad edificatoria y, por extensión, en la fabricación y comercialización de materiales de construcción.

La ley introduce una integración transversal del criterio climático que impactará progresivamente en las especificaciones técnicas, la contratación pública y la competitividad de los materiales de construcción.

Objetivos climáticos con impacto sectorial

La norma establece como meta la neutralidad climática en 2040 y una reducción neta de emisiones de al menos el 75 % en 2030 respecto a 1990. Estos objetivos obligan a actuar sobre sectores estratégicos, entre ellos la edificación, las infraestructuras y la industria manufacturera.

La construcción es un ámbito clave tanto por el consumo energético en fase de uso como por las emisiones asociadas a la fabricación de materiales como cemento, acero, cerámica, vidrio o productos aislantes. En consecuencia, el entorno regulatorio autonómico reforzará progresivamente las exigencias vinculadas a la reducción de emisiones a lo largo del ciclo de vida del edificio.

Integración obligatoria del criterio climático

La ley incorpora el principio de integración del cambio climático en todas las políticas públicas autonómicas, incluyendo la planificación territorial y urbanística, la contratación pública y la programación presupuestaria. Esto implica que los proyectos promovidos por las administraciones deberán justificar su contribución a la mitigación y adaptación climática.

Para los materiales de construcción, esta integración se traducirá en una mayor atención a indicadores ambientales y a la justificación técnica del desempeño climático de los productos empleados.

Huella de carbono y análisis de ciclo de vida

Aunque la ley no regula de forma directa los productos de construcción, el marco que establece favorece el uso de herramientas como las declaraciones ambientales de producto (DAP), el análisis de ciclo de vida (ACV) y el cálculo de carbono incorporado.

La demanda pública tenderá a priorizar soluciones constructivas con menor huella de carbono, lo que incrementará la relevancia de la información ambiental verificada en los procesos de prescripción y contratación.

Economía circular y eficiencia de recursos

El texto legal refuerza los principios de economía circular y uso eficiente de recursos con un impulso a soluciones recicladas, reciclables o con contenido recuperado, así como a sistemas constructivos que faciliten el desmontaje, la reutilización y la reducción de residuos de obra.

Se consolida así un enfoque en el que el impacto ambiental deja de evaluarse únicamente en fase de uso para considerar el conjunto del ciclo de vida del producto.

Contratación pública verde como elemento tractor

La ley prevé la integración de criterios climáticos en la contratación pública y en la planificación autonómica. Este aspecto es especialmente relevante para los materiales de construcción, dado el peso de la obra pública en determinados segmentos del mercado.

La incorporación de criterios ambientales en los pliegos puede traducirse en una mayor ponderación del desempeño climático de los productos, generando un efecto tractor sobre el conjunto del sector.

Gobernanza y seguimiento

La creación y refuerzo de estructuras de gobernanza climática autonómica implica sistemas de seguimiento, indicadores y evaluación periódica. Este entorno anticipa una creciente exigencia técnica y documental en relación con las emisiones y el desempeño ambiental.

Fuente:   Elaboración propia