La Comisión Europea ha adoptado recientemente una propuesta legislativa para simplificar las obligaciones de información relacionadas con el Reglamento de Taxonomía de la UE, con el fin de facilitar su aplicación práctica y avanzar en una transición ecológica más efectiva y operativa para el conjunto del tejido empresarial europeo.

Estas medidas se recogen en el denominado Paquete Omnibus de Simplificación, presentado como parte de una estrategia más amplia de mejora de la legislación (Better Regulation) y cuyo objetivo principal es reducir la carga administrativa que enfrentan tanto las grandes empresas como las pymes a la hora de cumplir con las exigencias derivadas de los marcos normativos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Una Taxonomía más proporcional

Desde su entrada en vigor, el Reglamento de Taxonomía se ha consolidado como un instrumento fundamental para canalizar la inversión hacia actividades sostenibles y luchar contra el greenwashing, proporcionando a empresas, inversores y responsables políticos una base común para identificar actividades económicas ambientalmente sostenibles.

No obstante, el proceso de aplicación ha evidenciado una elevada complejidad técnica y un notable coste de cumplimiento, especialmente para aquellos sectores donde las actividades económicas no siempre se corresponden directamente con los códigos definidos por la propia Taxonomía. Por ello, la Comisión propone ahora una racionalización del marco normativo sin comprometer su integridad ambiental.

Principales medidas adoptadas

1. Exenciones por materialidad económica
Se introduce la posibilidad de excluir del análisis aquellas actividades consideradas no materiales, lo que permitirá a las empresas centrar sus recursos en evaluar aquellas operaciones con mayor impacto climático. Para las empresas no financieras, se considerarán no materiales las actividades que representen menos del 10 % del volumen de negocio, del gasto en capital o del gasto operativo.

Esta medida responde a una lógica de proporcionalidad, especialmente relevante en sectores industriales y de servicios con múltiples actividades auxiliares no representativas en términos de sostenibilidad ambiental.

2. Reducción significativa del volumen de información exigido
Las nuevas plantillas de información permiten una reducción del 64 % de los puntos de datos a reportar por parte de las empresas no financieras, y de hasta un 89 % en el caso de entidades financieras. Esta simplificación contribuirá a reducir la complejidad técnica de los informes de sostenibilidad, mejorar su comprensibilidad y aliviar la carga sobre los departamentos financieros, de sostenibilidad y de cumplimiento normativo.

3. Introducción de periodos transitorios
Las entidades financieras dispondrán de dos años de adaptación durante los cuales podrán omitir ciertos indicadores clave, como el Green Asset Ratio (GAR), sin perjuicio de su compromiso con la taxonomía. Esto permitirá una implantación progresiva del marco, facilitando la mejora de capacidades internas y la adecuación de sistemas de información.

4. Mejora de la interoperabilidad regulatoria
La simplificación se ha diseñado en coordinación con otras normativas de sostenibilidad europeas, como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) o la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), de forma que se eviten duplicidades y se armonice el calendario de cumplimiento.

Impacto previsto en la industria y el tejido empresarial

Estas modificaciones suponen un paso decisivo para garantizar que la ambición climática de la UE se traduzca en normativas viables, comprensibles y proporcionales. En particular, la industria de la construcción y los materiales podrá beneficiarse de una mejor identificación de aquellas actividades que pueden contribuir significativamente a los objetivos del Pacto Verde Europeo, como la rehabilitación energética, el uso de materiales sostenibles o la valorización de residuos.

Asimismo, la reducción de la carga informativa permitirá a muchas empresas reorientar recursos hacia la acción climática efectiva, y no únicamente hacia el cumplimiento documental, lo que resulta especialmente relevante para pymes, fabricantes o agentes con recursos limitados.

Próximos pasos y entrada en vigor

El texto propuesto deberá ser validado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en los próximos meses. Si no se presentan objeciones, los nuevos requisitos se aplicarán a partir de los informes correspondientes al ejercicio 2026, con posibilidad de adopción voluntaria anticipada.

Esta reforma se alinea con la voluntad expresada por la Comisión de convertir el marco ESG europeo en una palanca para la competitividad, y no en un obstáculo. De este modo, se consolida una visión regulatoria que prioriza la calidad del dato, la transparencia y la relevancia frente al volumen y la complejidad excesiva.