El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, somete a información pública, hasta el próximo 9 de abril, el Proyecto de Real Decreto relativo a la seguridad general de los productos. 

El objetivo principal de esta iniciativa es actualizar y adaptar la legislación nacional a las recientes normativas de la Unión Europea, particularmente el Reglamento (UE) 2023/988. Este decreto busca fortalecer la protección de los consumidores frente a productos peligrosos, definir mejor las responsabilidades de los operadores económicos, y optimizar los mecanismos de vigilancia del mercado, incluyendo la venta en línea. Además, derogará normativas anteriores que han sido reemplazadas por las nuevas disposiciones europeas.

Además, se busca actualizar y mejorar los procedimientos de vigilancia del mercado basándose en la experiencia adquirida desde la aprobación del anterior Real Decreto 1801/2003.

El proyecto de Real Decreto establece un marco jurídico complementario a la legislación de armonización sectorial de la Unión Europea. Se centra en el requisito general de seguridad que deben cumplir los operadores económicos al comercializar o introducir productos en el mercado.
Entre los aspectos clave que aborda el decreto se encuentran:

• La identificación de las autoridades de vigilancia del mercado a nivel estatal y autonómico, así como sus facultades y actividades de control, incluyendo la vigilancia de la venta en línea.
• La planificación de la vigilancia del mercado y la colaboración y asistencia mutua entre las autoridades competentes.
• Los principios generales que rigen la intervención administrativa, como el principio de cautela, y la validez nacional de las medidas adoptadas.
• Los procedimientos para la adopción de medidas administrativas en caso de incumplimiento del requisito general de seguridad, incluyendo la posibilidad de requerir la subsanación de deficiencias, prohibir la comercialización, retirar o recuperar productos peligrosos.
• La recuperación de los costes derivados de las actividades de vigilancia del mercado en casos de incumplimiento por parte de los operadores económicos.
• El funcionamiento de la Red de alerta nacional de productos de consumo no alimenticios y la notificación de productos peligrosos a través del Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» a nivel europeo.
• El Sistema estatal de comunicación de accidentes relacionados con productos de consumo.
• Mecanismos de coordinación nacional en casos de riesgos graves y divergencias entre autoridades.
• Los derechos de información de los consumidores y las obligaciones de las autoridades en cuanto a la publicación de información sobre productos peligrosos y medidas adoptadas.
• La derogación del Real Decreto 1801/2003 y del Real Decreto 820/1990, que transponían directivas europeas ahora derogadas por el Reglamento (UE) 2023/988.

Este proyecto de Real Decreto busca fortalecer el marco legal español en materia de seguridad de los productos de consumo, adaptándolo a las nuevas exigencias europeas y mejorando la eficacia de la vigilancia del mercado para proteger la salud y seguridad de los consumidores.

Acceso al proceso de participación pública