(Situación a 16 de Julio de 2003)

CEPCO ha venido informando puntualmente a sus Asociaciones miembro, a las empresas asociadas a éstas y a la opinión pública en general de la importancia capital que tiene para nuestro sector, mayoritariamente de pymes, el acabar con la práctica abusiva de pagar a unos plazos desmesurados, por parte de los compradores de material para la construcción.

La cuestión fue correctamente detectada por la Comisión Europea que, ante el despropósito de los plazos medios de pago en España y en algún otro país, promovió una Directiva que pusiera término a esta situación.

Esta auténtica guerra contra la morosidad no es cuestión de unos pocos meses: en concreto, se lleva trabajando 11 años en todo lo que dura el proceso, desde las primeras conversaciones en Bruselas, hasta las más recientes en el Congreso de los Diputados, en Madrid.

Justo en ese tiempo, CEPCO ya ha cifrado en 8.150 millones de ?uros la deuda financiera soportada por nuestro sector de materiales, a finales de 2002. Y la deuda sigue creciendo......
 
Pero el Gobierno sabe bien que no son alarmismos precisamente, las indicaciones de quiebras de empresas que se producen por tensiones de tesorería derivadas de retrasos en el cobro de 7 u 8 meses. Ni tampoco es irreal la pérdida de empleo que se produce; ni es ficticio el proceso inflacionario derivado de tener que imputar parte del coste financiero al precio del material, a sabiendas de que nunca absorberá el coste financiero real ni el acumulado. Y eso, en tiempos de bonanza.
 
En resumidas cuentas, es intolerable ver cómo se mantiene inalterable una situación injusta y dañina.
 
A partir de ahí, decir que tras participar activamente ante la Comisión Interministerial que elabora la transposición de la Directiva, tras reunirnos con los Ministros de Justicia y Agricultura y con otros departamentos de la Administración que participaban en la redacción del anteproyecto de Ley, el Consejo de Ministros remitió el 14 de marzo un  Anteproyecto de Ley al Consejo de Estado para informe. CEPCO envió sus alegaciones a dicha  Institución, que emitió dictamen el 19 de Junio, remitiéndolo al Gobierno y dando la razón en sus peticiones a nuestra Confederación.

El 27 de Junio, el Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley, sin tener en cuenta ni las alegaciones de CEPCO, ni el dictamen del Consejo de Estado (no vinculante) y, es más, introduciendo un nuevo artículo por el que declaraba esta Ley como supletoria de la de Contratos Públicos, por lo que nos dejaba "fuera de juego" en lo que a Obra Civil se refiere. Se envía por trámite de urgencia al Congreso.

A partir de ahí, y teniendo como plazo el 18 de Julio para la presentación de enmiendas, hemos hablado con los ponentes de los principales grupos parlamentarios, que han entendido nuestras motivaciones y nuestros razonamientos, quedando a expensas del proceso de enmiendas así como de la intervención del Ministerio de Economía, que es el que más se opone a la racionalización que CEPCO propugna.

En definitiva, entendemos:

· Que no es de recibo someter al trámite de urgencia un Proyecto de Ley en Julio
· Que no se puede orientar a la judicatura hacia los "usos habituales del comercio" para definir lo que son cláusulas abusivas, cuando precisamente son esos usos habituales los que se deben proscribir de nuestro mercado.
· Que no es legal transponer la Directiva dejando al margen las relaciones entre la Administración y las empresas, ni declarar supletoria esta Ley respecto a la de Contratación Pública, ya que la Directiva especifica claramente que se trata de las relaciones entre empresas, y entre empresas y cualquier Administración pública.
· Que la Directiva no restringe la legitimación de las Asociaciones y Confederaciones para actuar en defensa de sus asociados, para todo tipo de cláusula y para cualquier efecto que se solicite, incluidos nulidad y daños y perjuicios.
· Que  es antieconómico, antisocial y alegal el mantenimiento del Art. 116.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuando hay una Directiva, de rango superior a esta Ley, que dice lo contrario.

La cuestión es clara: se trata de saber si la voluntad política es defender realmente a la pequeña y mediana empresa de una vez, dándole lo que es suyo, ni más ni menos, o perpetuar una situación irracional y maligna.

Tenemos confianza en que la buena acogida a nuestras propuestas por parte de los
ponentes parlamentarios, tendrá mejor reflejo en la Ley final del que el Gobierno le ha dado en su Proyecto de Ley.

                                                                                       Luis Rodulfo Zabala
                                                                                                                    Director General de CEPCO